CORTE DE APELACIONES SE ALINEA CON LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD

En las últimas semanas la Corte de Apelaciones de Santiago ha dejado claro que no será imparcial frente al estallido social. Tal como en dictadura, lxs Ilustres Ministrxs han dado luz verde a la prisión política y a la impunidad de agentes estatales. Para ello, basta con revisar tres ejemplos.

A fines del año pasado el mayor de Carabineros Humberto Tapia, de la 4° Comisaría de Santiago, fue detenido por la PDI luego de que el 5 de noviembre ingresara al Liceo 7 de Santiago y disparara perdigones a mansalva contra las niñas que se encontraban en el lugar. Tras su formalización, quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las alumnas. Mientras cumplía con estas cautelares fue nuevamente formalizado, esta vez por homicidio frustrado luego de que se le imputara disparar por la espalda su escopeta antidisturbios a un adolescente de 16 años el 19 de octubre, perforándole los pulmones. En esta ocasión, el juez Daniel Urrutia optó por decretar su prisión preventiva. El 12 de marzo la primera sala de la Corte sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario. El 25 de marzo la misma Corte resolvió inhabilitar al juez Urrutia del caso, luego de que este declarara que “el caso resulta similar al de Matías Catrileo”.

El 4 de marzo de este año la jueza Carolina Gajardo optó por rechazar la solicitud de prisión preventiva para 43 de lxs 44 detenidxs en las inmediaciones de Plaza Dignidad. Al día siguiente, luego de que Gonzalo Blumel y Karla Rubilar cuestionaran públicamente a la jueza exigiendo “sanciones duras”, la misma primera sala de la Corte optó por decretar prisión preventiva para todxs ellxs considerando que son “un peligro para la sociedad” dado que “existió alteración de la tranquilidad y seguridad de la población (…) vulnerándose también garantías constitucionales del resto de la población”.

Recientemente, siguiendo las directrices del Comité de Jueces del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el juez Daniel Urrutia determinó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario de 13 imputadxs de desórdenes públicos en contexto de las manifestaciones, considerando especialmente la emergencia sanitaria y que ningunx de ellxs arriesga privación de libertad tras la eventual condena. Pocas horas después del fallo del juez Urrutia, se reunió extraordinariamente el pleno de la Corte de Apelaciones (organismo administrativo, que no tiene facultades jurisdiccionales) y en una determinación sin precedentes decidió revocar la sentencia del juez Urrutia y, además, iniciar un sumario en su contra y suspenderlo de sus funciones.

Con este último caso la Corte ha llegado al extremo de actuar fuera de sus propias atribuciones con tal de dar el gusto al gobierno: todx manifestante detenidx por carabineros es culpable y debe ir a la cárcel. Todo carabinero acusado debe defenderse hasta las últimas consecuencias.

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